El estado mexicano, a través de los gobiernos federal, estatales y municipales, tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender oportunamente el abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el escolar, conforme las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, señaló UNICEF hoy, tras haber estudiado el reciente informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).
UNICEF hizo un llamado a las autoridades para garantizar entornos libres de violencia en todas las escuelas del país, así como mecanismos de denuncia, detección y canalización amigables y eficaces que protejan a todas las niñas, los niños y adolescentes de cualquier forma de violencia, especialmente la violencia sexual.
El informe de ODI (Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas), indica que al menos en siete estados mexicanos operan grupos dedicados a la explotación sexual infantil organizada dentro de escuelas públicas y privadas, en las que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia, y revela un profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la falta de mecanismos amigables de acceso a la justicia, detección oportuna y atención integral de la violencia sexual infantil y trata de personas en las escuelas.
UNICEF resaltó además que todas las niñas y los niños identificados por ODI requieren la inmediata intervención de las autoridades para garantizar su recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus derechos, sin discriminación de ningún tipo y a través de una atención basada en su edad, género y cualquier otra circunstancia particular.
UNICEF coincide con la declaración del Presidente de la República señalando la necesidad de investigar y sancionar de inmediato todos los hechos vinculados con probables casos de violencia sexual, y la importancia de una coordinación inmediata y eficaz del Sistema de Protección (SIPINNA), según lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, acompañada de todas las medidas necesarias para proteger integralmente a las víctimas, conforme al principio del interés superior de la niñez y la adolescencia.
Según señala UNICEF, para revertir esta situación el país debe realizar además una reforma legal para homologar los delitos relacionados con violencia sexual entre las entidades federativas y estandarizar los mecanismos de denuncia, detección y atención de la violencia en todas las escuelas.
El organismo de Naciones Unidas concluyó señalando la importancia de escuchar a las y los afectados, proporcionarles toda la información necesaria en cada etapa de los procedimientos y acciones a realizarse para atenderlos y restituir sus derechos (en un lenguaje comprensible y reconociendo su capacidad de opinión y decisión según su edad y madurez), proteger su privacidad y resguardar su identidad ante cualquier circunstancia.
