Ciudad de México. Andrew Macdonald, presidente y director de operaciones globales de Uber, calificó como “innovadoras” las nuevas leyes laborales que próximamente entrarán en vigor en México para regular el trabajo en plataformas digitales, aunque advirtió que su implementación, tal como está planteada, podría generar consecuencias económicas adversas tanto para los conductores como para el propio Estado.
En entrevista con La Jornada, Macdonald señaló que las nuevas disposiciones legales buscan integrar el trabajo flexible al sistema de seguridad social, lo que calificó como un avance importante. Sin embargo, advirtió que de no ajustarse correctamente algunos umbrales y costos operativos, podrían perderse hasta 12 mil millones de pesos en ingresos para los conductores, y el fisco dejaría de percibir cerca de 2 mil millones de pesos.
“El espíritu de la ley es correcto, apoyamos la inclusión y la protección social que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, pero debemos evitar consecuencias accidentales que perjudiquen a los trabajadores”, expresó el directivo, quien asumió el cargo el pasado 2 de junio.
Según Uber, actualmente hay cerca de 250 mil socios conductores en México, de los cuales un tercio podría abandonar la plataforma tras la entrada en vigor de la nueva legislación el 22 de junio, seguida por un programa piloto el 27 de junio.
Contenido de la reforma
Promulgadas el 24 de diciembre de 2024, las nuevas leyes buscan otorgar acceso a la seguridad social, indemnizaciones, reparto de utilidades y mayores responsabilidades para las plataformas. Según datos oficiales, más de 650 mil personas dependen económicamente de estas aplicaciones, y 272 mil generan ingresos iguales o superiores a un salario mínimo mensual.
Uno de los puntos clave es que los trabajadores que perciban más de 8 mil 364 pesos mensuales deberán contar con seguridad social. Para ello, las autoridades retendrán el 2.5% de los ingresos de conductores y repartidores.
Uber pide revisar condiciones
Macdonald destacó que la regulación “debe contemplar no sólo las ganancias brutas, sino también los costos operativos y las utilidades netas”, pues considera que los ingresos reales de los socios no se equiparan a los de un empleo formal, como lo plantea la ley.
“Todavía hay margen para realizar ajustes durante el programa piloto”, puntualizó. “Este es un desafío de gran magnitud y se deben reconocer todos sus matices para que la implementación sea adecuada y beneficiosa para todos los involucrados”.
