En la medida en que construyamos un Estado más sólido en materia fiscal y una política social basada en derechos, estaremos en la vía de consolidar auténticamente nuestras instituciones democráticas; de lo contrario, siempre estaremos a expensas de retrocesos que son muy costosos, afirmó Leonardo Lomelí Vanegas, secretario General de la UNAM.
El funcionario universitario señaló que hoy atravesamos una situación particularmente compleja, con rezagos históricos acumulados y una crisis sanitaria y económica que ha manifestado la vulnerabilidad de una sociedad tan desigual como la nuestra.
En la sesión de clausura del 13º Diálogo Nacional por un México Social. Hacia un Estado de bienestar después de la pandemia, precisó que lo anterior guarda relación con la reforma fiscal, la cual se requiere para construir las capacidades estatales de intervención oportuna y eficaz, garantizar un piso básico de bienestar para todos, así como un sistema de salud público, gratuito y universal que se necesita construir.
Se requieren recursos, lo mismo que el impulso de una política económica anti-cíclica que evite el hecho de que crisis internacionales provoquen caídas abruptas, no sólo en el Producto Interno Bruto, sino en los niveles de vida de la población, puntualizó.
Lomelí Vanegas recordó que el Diálogo Nacional por un México Social tiene una larga historia en esta casa de estudios y en los últimos años se constituyó en espacio privilegiado de reflexión sobre los temas destacados del país, siempre vinculados con una de las grandes aspiraciones del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), que es analizar las posibilidades y la urgencia de construir un auténtico Estado social en nuestro país.
Rolando Cordera Campos, coordinador del PUED comentó que gracias a este tipo de ejercicios de reflexión, la Universidad sigue siendo lo que todos queremos que sea: una gran casa de conocimiento, de cultura y de compromiso patriótico con nuestra sociedad.
El también profesor emérito de la Facultad de Economía recalcó que hay posibilidades de vincular creativa y productivamente el conocimiento y la cultura con la construcción de la democracia, de un nuevo Estado y de una sociedad habitable, donde vivamos bien y seguros.
“Concluimos este foro entendiendo de mejor manera nuestra terrible circunstancia, de combinación nefasta de pandemia con caída económica y afectaciones graves a los modos de vida de las comunidades que forman la nación”, finalizó el reconocido universitario.
Democracia y estado de bienestar
Previo a la clausura, en la mesa Pacto político para el Estado de Bienestar, Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM expuso: los destinatarios de las políticas sociales no se consideran titulares de derechos, no los perciben como un ejercicio de derecho, sino como un acto de beneficencia generosa por parte del Estado mexicano, lo cual implica que no se sienten empoderados. Cambiar esa visión, se traduciría justo en un proceso de empoderamiento ciudadano, y esto lo tenemos en el país.
El jurista universitario hizo ver que el estado de bienestar es aquel donde un gobierno de calidad provee a las personas servicios, prestaciones y satisfactores para cubrir sus necesidades de alimentación, cultura, esparcimiento, salud y vivienda con la finalidad de contribuir a su bienestar objetivo y subjetivo, en un entorno laico de igualdad, equidad, justicia, libertades, seguridad individual, colectiva y ambiental.
A su vez Cuauhtémoc Cárdenas, del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, expuso que en México existen amplios sectores de la población que consideran que la solución de los principales problemas que afectan al país radica en sustituir decididamente las políticas que han llevado a la situación de desastre vivida en las últimas décadas, y en proseguir con firmeza la construcción democrática, superando con la acción política, social, cultural y económica los obstáculos que se oponen a ello.
Requerimos una democracia igualitaria en general, que privilegie lo colectivo sobre lo individual, los intereses de las mayorías sobre los de las minorías reconociendo a éstas sus derechos a la igualdad, a la diferencia, coincidencia y discrepancia; se trata de una democracia que no sea solo para algunos, sino para todos, acotó.
Para Clara Jusidman, presidenta del Centro Tepoztlán, Víctor L. Urquidi, los cambios científicos y tecnológicos que se registran en el mundo, los requerimientos para una vida digna, irán ampliándose y se modificará la forma de cubrirlos, así como los roles de los agentes que participan en la provisión de bienes y servicios necesarios para satisfacerlos.
Resaltó que en México los servicios sociales tendrán que continuar adaptándose a la diversidad para ser incluyentes y no discriminatorios, los servicios de seguridad ciudadana y justicia se tendrán que fortalecer; además de la necesidad de modificar el gran pacto entre personas, familias, Estado, comunidad y empresas privadas en la provisión de bienestar “con miras a recomponer nuestra maltrecha fábrica de personas dignas”.
