El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó al Departamento de Estado de Estados Unidos de estar detrás de las versiones periodísticas que señalan que en su primera campaña presidencial (2006) habría recibido un millonario financiamiento ilícito por parte de capos del narcotráfico.
En medio de una intensa controversia, López Obrador ha rechazado enérgicamente las acusaciones de que su campaña de 2006 recibió financiamiento del narcotráfico, en particular del Cártel de Sinaloa. Estas afirmaciones, surgidas de una investigación realizada por ProPublica y basadas en fuentes de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, señalaban que se habrían canalizado hasta dos millones de dólares hacia su campaña electoral. López Obrador ha calificado estas acusaciones como «una calumnia» y «una vil mentira», insistiendo en la falta de pruebas que sustenten dichas alegaciones.
La polémica surge en un momento políticamente delicado, tanto para México como para Estados Unidos, con elecciones programadas para 2024 en ambos países. AMLO ha sugerido que estas acusaciones forman parte de una campaña de difamación orquestada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, criticando lo que percibe como una influencia indebida de esta entidad en los medios de comunicación y acusándola de prácticas inmorales y contrarias a la ética política. Asimismo, ha demandado claridad y pruebas concretas tanto de la DEA como del Departamento de Estado de EE.UU., refutando los señalamientos por falta de evidencia sustancial.
En su defensa, el presidente mexicano argumenta que la investigación de la DEA, que presuntamente encontró «evidencia sustancial» del financiamiento ilícito, no ha presentado pruebas concluyentes que vinculen directamente su campaña con dichos fondos. Este punto de vista es compartido por analistas y observadores, quienes destacan la necesidad de un análisis crítico de las acusaciones y la importancia de no tomar las afirmaciones a la ligera, dada la complejidad de las relaciones entre política y narcotráfico en México.
López Obrador ha utilizado sus conferencias matutinas para abordar estas acusaciones, reiterando su inocencia y criticando a los medios y entidades estadounidenses por lo que considera un ataque injustificado a su integridad y a la soberanía de México. Ha declarado que no tomará acciones legales formales, pero sí denuncia al gobierno de Estados Unidos por permitir la circulación de estas acusaciones sin fundamento.
Esta controversia destaca la tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos, así como las dificultades inherentes a la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. A medida que se acercan las elecciones en ambos países, es probable que este tipo de acusaciones y la respuesta a ellas continúen influyendo en el diálogo político y las percepciones públicas.
