El diputado Pedro Vázquez González (PT) planteó modificar el artículo 81 de la Ley General de Salud, a fin de que la expedición de la cédula de médico especialista sea responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones.
La iniciativa también señala que quienes hayan cursado estudios en el extranjero, presentarán ante embajada o consulado de México las copias certificadas que acrediten los estudios, y una vez validada y sellada la documentación, el interesado la presentará ante la Dirección General de Profesiones para el registro del título y la expedición de la patente para el ejercicio de la profesión o especialidad.
El documento, turnado a las comisiones de Salud y de Educación, resalta que el objetivo es garantizar a los profesionales de la medicina el ejercicio pleno de sus derechos, el reconocimiento y validación de sus estudios en el extranjero.
Destaca que es necesario ampliar las facultades de la autoridad educativa federal para que, con apego a los lineamientos federales, también puedan otorgar revalidaciones y/o equivalencias como lo mandata la Constitución Política.
Refiere que la Ley General de Educación en su artículo 145, establece que “La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de educación básica o terminales que correspondan a cierto nivel educativo, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos”.
Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos”.
Por ello, la iniciativa señala que con la reforma se busca especificar que corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas de los estados y la Ciudad de México, en sus respectivas competencias, revalidar y otorgar equivalencias de estudios.
Además, hacer efectivo que las autoridades educativas e instituciones facultadas para ello promoverán la simplificación de dichos procedimientos, de acuerdo con los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad.
Asimismo, lograr una armonización legislativa para que las atribuciones y derechos establecidos en la Ley General de Educación federal no se contradigan con otros ordenamientos legales.
