En un análisis sin precedentes de los datos nacionales sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes en la Región de las Américas se informa que, aunque los países han adoptado importantes medidas, subsisten grandes brechas en los enfoques de prevención y respuesta que dejan a muchas personas atrás.
El problema ha cobrado mayor urgencia en medio de la pandemia de COVID-19. Los datos iniciales indican que la pandemia está asociada con un mayor riesgo de violencia doméstica, también contra niños y niñas. El confinamiento, el estrés, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas y las preocupaciones sociales y económicas a causa de la COVID-19 pueden provocar conflictos familiares. Entretanto, la pandemia ha supuesto una relación limitada de los niños con amigos y familiares, y con los servicios de salud y protección que podrían haber brindado apoyo.
“La violencia contra niños y niñas tiene consecuencias devastadoras y de por vida para ellos”, afirmó la Directora Adjunta de la OPS, Mary Lou Valdez. “Además, la COVID-19 intensifica el problema, dado que aumenta los factores desencadenantes de la violencia doméstica. Es vital que los países presten atención a la violencia contra niños y niñas en estos tiempos de mayor tensión, y que empleen las estrategias basadas en la evidencia que han resultado eficaces para abordar este dañino problema”, señaló.
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El informe se ha presentado hoy en un acto en el que han participado Ms. Valdez, la Primera Dama de Colombia, María Juliana Ruiz; la ministra de Estado en el Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica, Juliet Cuthbert Flynn; asesor de Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) de República Dominicana, Dra. Josefina Luna; y líderes del UNICEF, la UNESCO y la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños. Estas tres organizaciones, así como otros grupos en la región, colaboraron en el informe.
El Informe de situación regional 2020: Prevenir y responder a la violencia contra las niñas y los niños en las Américas se basa en datos provenientes de una encuesta mundial que respondieron 31 países. El estudio representa la primera vez que los gobiernos han informado sobre los avances en el marco de INSPIRE, un conjunto de siete estrategias basadas en la evidencia para prevenir y dar respuesta a la violencia contra niños y niñas. Entre estas estrategias, que tienen las mayores posibilidades de reducir la violencia contra niños y niñas, se incluyen la ejecución y cumplimiento de la legislación, el cuestionamiento de las normas y los valores sociales que justifican el uso de violencia, la creación de entornos físicos seguros para niños y niñas, la prestación de apoyo a progenitores y cuidadores, la consolidación de los ingresos y la seguridad económica, la mejora de los servicios de respuesta y apoyo a niños y niñas, y la provisión de educación y aptitudes para la vida a niños y niñas.
Estos son algunos resultados clave del informe:
Todos los países deben fortalecer la ejecución de los planes de acción y la aplicación de la legislación para abordar la violencia contra niños y niñas. Si bien todos afirman disponer de leyes que prohíben el estupro, solo un 29% declara que es sumamente probable que los infractores reciban sanciones, lo que sugiere un alto nivel de impunidad.
Se han realizado avances sustanciales en la aplicación del marco de INSPIRE, aunque el progreso es desigual. Por ejemplo, el 76% de los países declara el apoyo a los enfoques de prevención de la violencia en el marco de la educación y las aptitudes para la vida, como programas contra el acoso escolar en las escuelas, y un 60% de los países afirma brindar apoyo a progenitores y cuidadores de acuerdo con el marco INSPIRE. Solo un 37% de los países informan que brindan apoyo a los enfoques de fortalecimiento de los ingresos y la economía para prevenir violencia contra niños y niñas.
Muy pocos niños y niñas tienen acceso a los programas y servicios que previenen y dan respuesta a la violencia. Más del 90% de los países indica que dispone de servicios clínicos para niños y niñas víctimas de violencia sexual, pero solo un 26% declara alcanzar a todas o casi todas las víctimas. Solo el 16% afirma que los servicios de salud mental para niños y niñas sobrevivientes llegan a todos los que los necesitan.
