El movimiento del Orgullo LGBTI+ es un movimiento social que tiene sus orígenes en 1969, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde hubo redadas contra personas no heterosexuales, que se reunían en un pub (sitio de convivencia).
Cansados de esta situación, en junio de ese año se enfrentaron a la policía, hubo revueltas varios días y manifestaciones en el espacio público por la lucha de sus derechos civiles, sexuales, así como aquellos de las personas afroamericanas.
“Salieron a las calles a manifestar su orgullo por no ser hetero, como personas gays, a decir: ‘existimos y estamos orgullosas de existir’. Además, hay que recordar que para entonces la homosexualidad era considerada una enfermedad mental”, señaló Torres Cruz.
En países como México donde también había represión se iniciaron manifestaciones. Fernández de la Reguera relató que si bien en esta nación hubo momentos de resistencia importantes, el 26 de julio de 1978, durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Cubana, un grupo de 30 personas, que se identificaban como integrantes del Frente de Liberación Homosexual, se manifestaron.
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En 1979 se llevó a cabo la primera marcha del orgullo homosexual. “Fue un acto político sumamente potente, posicionarse en el espacio público significó un acto político sumamente valioso”, expresó Torres Cruz.
Con el paso de los años se estableció el último sábado de junio como el Día del Orgullo LGBTI+; hasta antes de la pandemia se realizaban manifestaciones multitudinarias en la Ciudad de México y en otras urbes.
Cruz Torres resaltó la importancia de visibilizar estos pendientes y más durante el confinamiento impuesto por la pandemia, pues para numerosas personas LGBTI+ ha representado condiciones de muy alta vulnerabilidad. “Si en la familia hay alguien LGBTIfóbico tienen que enfrentarlo, por no poder salir y hay quienes no se han atrevido a expresar su orientación sexual y tienen que vivirla en secreto”.
Los universitarios también consideraron positivo que las personas de la diversidad sexual ocupen más puestos de representación, como sucedió en las pasadas elecciones, pero indicaron que la legislación en temas de inclusión debe ser responsabilidad de todas las personas legisladoras.
“Es importante que haya más visibilidad de esta población en la toma de decisiones, pero la agenda de la igualdad sustantiva tendría que ser responsabilidad de todas las personas que legislan, independientemente de su identidad de género”, consideró Alethia Fernández de la Reguera.