Injerencia en asuntos electorales, trampas en el proceso de selección de jueces, nepotismo, nula disciplina en la actuación de impartidores de justicia y remuneraciones violatorias a la Constitución son las principales fallas que el Poder Ejecutivo busca resarcir a partir de la reforma al Poder Judicial, argumentó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intentó involucrarse en la elección del 2 de junio.
En agosto de este año, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, admitió un recurso del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios de la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso, cuando esto es competencia exclusiva del Tribunal Electoral.
El proceso de selección de jueces está manchado por la venta de exámenes en 186 mil pesos. Además, se han documentado casos de corrupción al más alto nivel en la Escuela Judicial. Derivado de estas faltas, con frecuencia son impugnados los concursos ante la inequidad, influyentismo y carencia de criterios objetivos.
Respecto al nepotismo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reveló en diciembre de 2022 que la mitad del personal, equivalente a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial.
Por ejemplo, el 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen parientes en el Poder Judicial de la Federación. Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan las y los trabajadores, bajo protesta de decir verdad, por lo que se estima que la presencia de familiares políticos, como cuñados, nueras, suegros y yernos no registrados podría ser mayor.
Sobre la vigilancia y sanción del comportamiento irregular de jueces y magistrados, la secretaria explicó que el Consejo de la Judicatura Federal no cumple con su función a cabalidad. De 2004 al 2023 se presentaron 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial, de las cuales se desechó el 86 por ciento sin iniciar una investigación. De las quejas investigadas, el Consejo sancionó sólo a 472 jueces y magistrados.
