La diputada Ana Bernal Camarena (PT) propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para prohibir la venta excesiva de bebidas y alimentos azucarados a menores de edad en comercios fijos o semifijos.
En un comunicado, explicó que a través de una iniciativa plantea prohibir el comercio, expendio y/o suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en establecimientos, sucursales, locales, máquinas expendedoras, puestos fijos o semifijos de carácter comercial o mercantil a menores de edad.
“El consumo en exceso o diario de refrescos y demás bebidas azucaradas son altamente perjudiciales, poniendo primordialmente en riesgo la salud de niñas, niños y adolescentes, quienes están en pleno desarrollo y son un grupo vulnerable de la sociedad”, afirmó la diputada.
Bernal Camarena recordó que, aunque ya está prohibida la venta de comida chatarra dentro de planteles educativos, y existe un etiquetado frontal sobre el contenido de nutrimentos, el derecho de las mexicanas y mexicanos a recibir una alimentación nutritiva es universal, interdependiente, inalienable e indivisible, por lo que el Estado debe garantizar una adecuada y sana alimentación.
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Por otra parte, la diputada petista detalló que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, las bebidas azucaradas causan entre el 22 por ciento y el 33 por ciento de las muertes relacionadas con la diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares.
En este sentido, la iniciativa de ley busca que las autoridades, en coordinación con el sector salud, fomenten programas de alimentación nutritiva y saludable, especialmente a niñas, niños y adolescentes que sufren de obesidad, sobrepeso y otros trastornos de conducta alimenticia, abundó.
“En México, tres de cada 10 niños entre los 5 y 11 años, y cuatro de cada 10 entre los 12 y 16 años, padecen sobrepeso u obesidad. Es urgente salvaguardar la esfera jurídica de las niñas, niños y adolescentes, procurando en todo momento hacer valer los principios pro persona y el del interés superior del menor”, finalizó.