«Estados Unidos lleva años imponiendo sanciones a personas y entidades sin jurisdicción penal nacional y en ausencia de jurisdicción universal», afirmó la relatora especial Alena Douhan.
La experta independiente de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos dijo que esta actuación de Estados Unidos supone una “clara violación de las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo”.
Esos derechos están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado y debe aplicar plenamente.
«Las sanciones unilaterales se dirigen contra individuos en el extranjero por presuntas actividades fuera de Estados Unidos, incluidas actividades que son legales donde ocurren», dijo Douhan, que añadió que el temor a las sanciones estadounidenses ha llevado a muchas empresas e instituciones financieras extranjeras a cumplirlas en exceso para reducir sus riesgos. Esto no hace sino agravar el impacto de las sanciones sobre los derechos humanos».