En un reciente giro judicial en España, la Audiencia de Barcelona ha dictaminado que el futbolista brasileño Dani Alves podría abandonar la prisión bajo fianza, fijada en un millón de euros, mientras se revisan los recursos presentados contra su condena por violación. Esta decisión ha provocado reacciones encontradas, especialmente por parte de la abogada de la víctima, quien ha calificado la medida como un «escándalo» y un ejemplo de «justicia para ricos».
Alves, de 40 años, había sido sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por un delito de violación ocurrido a finales de 2022. Según el fallo, tras pagar la fianza, Alves tendría que entregar sus pasaportes español y brasileño y no podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella. Este dictamen llega después de que Alves solicitara su liberación condicional en una vista, argumentando que no intentaría huir y creyendo en la justicia española.
La liberación bajo fianza ha sido justificada por el tribunal considerando el tiempo transcurrido como un «factor mitigador». Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular mantienen su oposición, argumentando el riesgo de fuga del exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain.
El juicio de Alves ha atraído considerable atención mediática, no solo por su fama como uno de los futbolistas más laureados, habiendo jugado en clubes de renombre como Sevilla, Juventus, y siendo parte del Barça de Messi y Guardiola, sino también por las circunstancias del delito. Tras su ingreso en prisión provisional en enero de 2023, su equipo de entonces, los Pumas de México, rescindió su contrato.
Con la sentencia y los recursos aún en proceso de ser revisados por otra instancia, este caso abre el debate sobre la justicia y el trato a figuras públicas en situaciones legales complejas.
