En un esfuerzo por reformar el sector energético de México, el Ejecutivo ha presentado una propuesta de reforma constitucional que busca devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública y estratégica.
La propuesta legislativa, que se votará en las próximas semanas, busca revertir varios aspectos de la reforma del mercado eléctrico implementada en 2013, que abrió el sector eléctrico y petrolero a la inversión privada.
Uno de los cambios más significativos propuestos es eliminar la designación de la CFE como una «empresa productiva del Estado», un concepto introducido en la reforma de 2013 para que la CFE y Pemex operaran bajo principios orientados a la generación de beneficios económicos para el Estado.
La crítica de López Obrador a este modelo es que ha convertido a la CFE en una entidad enfocada únicamente en la obtención de utilidades, desatendiendo su función social.
La reforma busca que la CFE sea reconocida como una «empresa pública, estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional», lo que podría implicar cambios significativos en su estructura y operación, como la eliminación de la separación de segmentos de negocios en distintas filiales y la figura de consejeros independientes. Además, se busca que la CFE recupere la rectoría del mercado en actividades como la comercialización y la planeación del sistema eléctrico.
Este intento de reforma sigue a otros esfuerzos que no prosperaron, incluyendo una modificación a la Ley de la Industria Eléctrica en 2021 que fue detenida por amparos y posteriormente declarada inconstitucional por la Suprema Corte.
Además, una propuesta de reforma constitucional en 2022 para cambiar los lineamientos del mercado eléctrico no logró reunir los votos necesarios para su aprobación.
La nueva reforma propone además eliminar el concepto de «mejores prácticas» y los aspectos relacionados con el gobierno corporativo, aunque no aborda algunos puntos conflictivos de iniciativas anteriores, como la cancelación de permisos de autoabasto o la revisión de contratos. Sin embargo, retoma la idea de desaparecer los reguladores del sector, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, en línea con el principio de austeridad republicana promovido por el gobierno.
