Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguraron que la decisión de contar los votos de la elección judicial en los consejos distritales y no desde las casillas no afecta la legalidad ni la transparencia del proceso. Destacaron que estos organismos también están conformados por ciudadanos, garantizando la imparcialidad.
En sesión del Consejo General, el INE aprobó los lineamientos para el conteo de votos desde la noche del 1 de junio, estableciendo los criterios para determinar la validez o nulidad de los sufragios. Además, se informó que las sesiones serán transmitidas por internet y los resultados se publicarán en un portal oficial, con un plazo máximo de 10 días para su difusión.
“Se trata de un procedimiento ordenado y estructurado que garantiza legalidad y certeza a los resultados”, afirmó Jorge Montaño, presidente de la comisión temporal para esta contienda.
Norma de la Cruz, integrante de la comisión organizadora, enfatizó que el procedimiento de conteo cumple con los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad. Subrayó que, aunque los funcionarios de casilla no realizarán el conteo, este seguirá en manos de ciudadanos dentro de los 300 consejos distritales.
Un proceso inédito en México
La consejera De la Cruz destacó que esta elección se ha organizado de manera “sin precedentes en México y en el mundo”, por lo que el conteo de votos se ajusta a las particularidades del proceso. Indicó que solo personal del INE participará en la tarea, con observadores electorales acreditados, pero sin la presencia de partidos políticos.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey explicó que el conteo se llevará a cabo en los 300 consejos distritales, bajo la supervisión de vocales ejecutivos y consejeros electorales. Subrayó que los integrantes de estos consejos son ciudadanos con un compromiso con la legalidad y transparencia.
“Es falso que los ciudadanos no participarán en el conteo. Los consejeros distritales son tan ciudadanos como los funcionarios de casilla”, enfatizó Humphrey.
El INE estableció plazos máximos para el cómputo: hasta tres días para ministros, un día para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral, y hasta dos días para tribunales de circuito y jueces de distrito, con un plazo final del 9 o 10 de junio.
Humphrey también expresó su desacuerdo con la anulación de votos cuando un recuadro contenga un número junto con una leyenda que genere dudas sobre la intención del sufragio. “Anular un voto debe ser la última y más extrema decisión de la autoridad electoral”, concluyó.
